ALERTA: Lucha por los recursos naturales en la Amazonía peruana

Una masacre anunciada

El pasado viernes seis de junio de 2009, enfrentamientos entre indígenas y policias en el norte del Perú dejaron centenares de heridos y más de 40 muertos, 34 campesinos y 9 agentes según cifras oficiales. El gobierno argumenta que tenía que actuar para controlar las protestas indígenas que se prolongaban desde el mes de abril. La población indígena exigía mediante cortes de carreteras y tomas de instalaciones la derogación de las leyes presentadas por el ejecutivo para adaptarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según la población indígena, estos decretos gubernamentales vulneran la soberanía peruana y los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas puesto que facilitan, por exigencias del TLC, la privatización de las tierras comunales indígenas y la venta de territorios selváticos a empresas transnacionales en nombre del desarrollo.

El estallido violento de este viernes, durante el cual la policía disparó a los manifestantes desde helicópteros, sólo es una expresión de un conflicto que se arrastra desde hace tiempo. En agosto del 2008, varios grupos indígenas ya lanzaron una movilización y huelga que se suspendió con una acta presidencial firmada por el presidente del Congreso. Se derogaron dos de los Decretos Legislativos que amenazaban sus tierras y la estructura de las comunidades y se acordó conformar una Comisión del Congreso que evaluara los otros Decretos Legislativos pendientes de reclamo. Pero el Congreso paralizó el proceso y, contrariamente, impuso nuevas normas que afectan a las comunidades y los agricultores, como la Ley de Recursos Hídricos (Ley del Agua #29338), que pone en cuestión la prioridad del recurso del agua para la agricultura, abre las puertas a privatizar la administración de este recurso y da mayor poder a los intereses de las empresas mineras y extractivas. Otra ley polémica es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que genera condiciones permisivas para la tala y explotación de zonas forestales protegidas.

En respuesta a las protestas iniciadas desde abril, el ejecutivo impuso el 8 de mayo el estado de sitio en la zona amazónica. Como denunció la presidenta del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli: "El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;"

Sin embargo, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, anunció que realizarán una movilización nacional el próximo 11 de junio para exigir que continúe el trabajo de evaluación del resto de Decretos Legislativos. La protesta cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales como la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), etc. Además, las muestras de solidaridad y la condena de la masacre del viernes 6 de Junio han sido numerosas: desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión permanente de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, ONGs ambientalistas y organizaciones sociales peruanas, además de las comunidades campesinas de la zona amazónica, que han anunciado sumarse a la lucha de los vecinos indígenas.

Por otro lado, algunas organizaciones indígenas de Morona, en Loreto, han desalojado de sus instalaciones a la empresa petrolera canadiense Talismán y han resuelto acabar con las actividades petroleras, argumentando que contaminan y que no conllevan beneficios para sus pueblos. Igualmente, las poblaciones indígenas de la Amazonía norte, frontera con Ecuador, anuncian radicalizar su lucha. Al mismo tiempo, el gobierno cosecha críticas por sus acciones desmedidas, incluso dentro de la misma policía peruana.

Un conflicto que afecta Latinoamérica entera

El conflicto se enmarca dentro de una de las problemáticas que afectan buena parte de Latinoamérica actualmente: la extracción de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente en detrimento de los pueblos indígenas y el campesinado y la biodiversidad. En Guatemala, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia... los grupos indígenas se enfrentan a las empresas transnacionales que llegan a explotar la minería, el petróleo o la madera. En Ecuador, las comunidades amazónicas han llevado a cabo un proceso judicial contra la multinacional Texaco, que provocó un desastre ecológico en la región entre los años setenta y moventa. El juicio todavía no ha terminado pero ha sentado un precedente histórico.

Muchos de los gobiernos de los países afectados, igual como hace el de Alan García en Perú, defienden sus alianzas con las transnacionales argumentando que la presencia de estas en el país contribuirá al desarrollo y a reducir la pobreza (con las regalías y los lugares de trabajo). Sin embargo, algunos mandatarios se han mostrado más receptivos a las demandas de la población y están intentando llegar a soluciones negociadas. En Bolivia, por ejemplo, el presidente Evo Morales ha renacionalizado las reservas de hidrocarburos y ha renegociado con las empresas las condiciones de extracción, de manera que los beneficios se distribuyan más equitativamente entre la población necesitada. No obstante, las consultas de buena fe organizadas por los mismos indígenas y las protestas se extienden por los países con recursos naturales y los acuerdos entre gobiernos y poblaciones afectadas parecen todavía lejos de alcanzarse.

En las posiciones de gobierno y pueblos indígenas se enfrentan, no sólo unos intereses económicos, sino dos modelos de desarrollo distintos. Mientras que en la lógica neoliberal del gobierno, las extracciones van a aportar más ingresos y (suponiendo que se gestionen bien) esto va a aumentar el nivel de vida de la población; en la lógica indígena, sus territorios no sólo son su medio de vida sino también su lugar originario y parte de su estructura cultural y organizacional. Por ello no van a aceptar simplemente ser desplazados a otros territorios o vender sus tierras a cambio de dinero. Además, su concepción de desarrollo es más integral y no fundamentalmente económico.

A esta situación se añade, en el caso peruano, la corrupción del gobierno en la concesión irregular de hidrocarburos (véase el escándalo de los “petro-audios”) y las críticas de sus opositores por no trasladar los beneficios del crecimiento económico que ha registrado el país en los últimos años, puesto que la pobreza todavía bordea el 36% pero las regalías ya superan los 1000 millones de dólares. En cualquier caso, el gobierno está incumpliendo el Convenio 169 de la OIT suscrito por Perú, que obliga al Estado a consultar a las comunidades y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la participación en los proyectos de desarrollo que se den en sus territorios. Igualmente, de acuerdo con la Cuarta disposición final de la Constitución peruana, los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional, por lo que el Convenio 169 es vinculante para todos los poderes del estado.

Por lo pronto, la mesa de diálogo entre gobierno y representantes de las comunidades indígenas parece haber fracasado con el bloqueo al estudio de la derogatoria de los decretos polémicos y el reinicio de las protestas por parte de los pueblos indígenas. El presidente de la Aidesep (uno de los interlocutores y líderes indígenas) tiene orden de detención y se ha refugiado en la embajada de Nicaragua y los demás dirigentes indígenas se encuentran escondidos tras la declaración del toque de queda en sus provincias. Existe un número desconocido de detenidos en paradero desconocido y las protestas van a continuar.