El próximo jueves 10 de septiembre se celebrará en Málaga el jucio contra los compañeros Lola Villalba, secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios, y Gonzalo Fuentes, Secretaría General de la Federación de Andalucía y secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras, por el “hecho delictivo” de su participación en un piquete en la Huelga General del 14 de Noviembre de 2012, por lo que se les piden 3 años y 6 meses de pena de cárcel a cada uno de ellos.
El Consejo de la Federación de Servicios de CCOO en Andalucía ha emitido el siguiente comunicado en apoyo a Lola y Gonzalo y de denuncia de la criminalización de la lucha obrera y la protesta social, que hoy, 7 de septiembre, ha sido presentado ante la prensa, tal como recoge Europa Press en esta nota. Destacamos también el artículo de Daniel Gatti, periodista de la Rel-UITA, España ha retrocedido décadas, con declaraciones de Gonzalo Fuentes sobre el juicio que enfrentan y la lucha sindicial que motivó la Huelga General.
Desde Alba Sud nos sumamos a las muestras de solidaridad a Lola y Gonzalo, colaborador también de Alba Sud en la marco de la campaña internacional en defensa de la mejora de las condiciones laborales de la camareras de pisos promovida por la UITA, y rechazamos también todo intento de criminalización de la protesta social. Queremos recordar también que no puede existir un turismo responsable sin trabajo decente, y que este es imposible sin el derecho de los trabajadores y trabajadoras a defender libremente sus derechos.
A continuación reproducimos el comunicado de prensa leído hoy ante la prensa.
COMUNICADO DE PRENSA: Contra la criminalización indecente y regresiva de la lucha obrera y la protesta social a través de la legislación penal
En el día de 5 de septiembre se ha reunido la Consejo de la Federación de Servicios de CCOO de Andalucía (FSA), donde se ha analizado y debatido el plan de trabajo para el curso sindical que acabo de empezar en los sectores donde llevamos acabo la acción sindical.
En la reunión también se ha informado que el próximo día 10 de Septiembre, a las 12 de la mañana, se celebra juicio en el Juzgado de lo Penal nº 4, en la Ciudad de la Justicia de Málaga, contra la compañera Lola Villalba, Secretaria General del Sindicato Provincial de Servicios y contra Gonzalo Fuentes, adjunto a la Secretaría General de la Federación de Andalucía y Secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios. En este sentido, los miembros de (FSA), han mostrado su apoyo y solidaridad a los compañeros, dirigentes de CCOO de Hostelería, con décadas de implicación y trabajo en la defensa de los derechos de la gente y de la lucha por las libertades en nuestra tierra, y que han sido imputados por el simple hecho de que, aún actuando siempre desde la corrección de las formas, son conocidos y visibles porque no se esconden. Por ello, estaremos el 10 de septiembre junto a Lola y Gonzalo y, por ello, hacemos un llamamiento para que se acuda a la convocatoria de este juicio en apoyo a dos personas que han sido elegidas como víctimas propicias en esta ocasión, pero que forman parte de una lotería que le puede tocar a cualquiera de quienes vivimos de nuestro trabajo y queremos defender nuestros derechos.
El Consejo de la Federación de CCOO Andalucía, manifiesta al respecto, que el “hecho delictivo” que se les imputa es única y exclusivamente su participación, junto a cientos de compañeros y compañeras, en un piquete en la Huelga General del 14 de Noviembre de 2012. Un hecho por el que, en este juicio, se piden 3 años y 6 meses de cárcel para Lola y 3 años y 6 meses de cárcel para Gonzalo, lo que equivale a que pidiesen 3 años y medio de cárcel para todos y cada uno de nosotros y nosotras, y para los miles de trabajadores y trabajadoras que participaron en las huelgas convocadas en toda España para protestar contra las reformas laborales del Gobierno que, como se denunciaba en las movilizaciones y el tiempo ha demostrado, lo que perseguían era abaratar salarios, precarizar el empleo y eliminar derechos sociales y laborales, reformas que solo han servido para cumplir “instrucciones externas” y en beneficio de las grandes corporaciones y sus cúpulas.
Lo que pasó en la madrugada del 14 de Noviembre en el centro de la capital malagueña, lo mismo que ocurrió en todas las ciudades y pueblos de España, fue concentrarse en la Plaza de la Marina de la capital malagueña, unas 300 personas con el objetivo de informar, de requerir a otros trabajadores la adhesión a la huelga y a participar, dentro de un marco legal. En ese sentido la intervención de los dos responsables sindicales fue de informar, de manera correcta y educada, a los encargados de los diversos establecimientos. Apenas hizo falta porque la inmensa mayoría estaban cerrados por motivo de la huelga legal. De lo pocos locales abiertos, uno de ellos era un local de hostelería que se denomina ZZPUB, donde el propio encargado del establecimiento manifestó que nada más que concluyeran la música en directo que se tocaba en el referido local iba a cerrar, a partir de ahí nos marchamos. Posteriormente, nos llamaron por teléfono móvil y nos manifestaron que en la puerta de ZZPUB había habido un altercado, en ese sentido nos personamos, el local estaba cerrado y dentro había una persona detenida, tras una conversación con los responsables de la policía, al detenido se lo llevaron a comisaría y las personas que formamos parte del piquete informativo nos marchamos. Lógicamente, al día siguiente salimos fotografiados en los medios de comunicación, por ello aparecemos citados en proceso judicial, por la denuncia de un trabajador de ZZPUB que nos reconoció por la foto que apareció en los medios.
Estamos asistiendo a una criminalización indecente y regresiva de la lucha obrera y la protesta social, a través de la reforma que ha iniciado el Gobierno apresurando la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Ambas reformas incorporan nuevas restricciones al ejercicio de derechos democráticos y libertades civiles y dan continuidad a la ofensiva contra el derecho de huelga que han llevado a encausar a trabajadores y representantes sindicales por la defensa colectiva de nuestras reivindicaciones.
El régimen cada vez se parece más a una dictadura franquista que a una democracia social avanzada, y actúa justamente contra quienes defienden la soberanía de este pueblo y de este país, frente al poder del capital y de la Troika. Se persigue y criminaliza a quienes defienden los derechos y libertades conquistados en la Transición a través de una lucha que, si entonces fue justa, ahora lo es aún más. Y se hace desde la indecencia de pretender privar de libertad a quienes simplemente ejercen su derecho de manifestación y huelga, en un país en el que muy pocos de los responsables del latrocinio cometido han pagado por ello. Es una paradoja repugnante que haya 300 personas con petición de cárcel por el ejercicio del derecho de huelga en un país en el que no pocos grandes banqueros, dirigentes empresariales y otros actores disfrutan no solo de su libertad sino de las ganancias obtenidas por medios, como poco, dudosamente éticos.
Málaga, 5 de septiembre de 2015
